Social Security Data Breach
This is Congresswoman Nellie Pou writing to you on deeply troubling new reports about the Social Security Administration and individuals affiliated with the Trump administration’s so-called “DOGE” team.
According to recently disclosed court filings from the Justice Department, members of DOGE may have improperly accessed or shared sensitive Social Security data, including private information that a federal court had explicitly ruled off-limits.
Even more alarming, the filings suggest that this data may have been connected to efforts tied to election-related advocacy, raising serious questions about political misuse and manipulation of Americans’ personal information.
Social Security data is among the most sensitive information the federal government holds. It exists for one purpose: to ensure that seniors, Americans with disabilities, and working families receive the benefits they have earned. Any misuse of that data, especially for political ends, is unacceptable, dangerous, and potentially unlawful.
The Justice Department has acknowledged that the individuals involved have been referred for possible violations of the Hatch Act, and that data may have been shared using unapproved third-party servers, outside of required security rules. At this point, officials cannot even confirm what information was accessed or where it may now reside. These facts alone should alarm every American.
These revelations demand an immediate independent investigation. The American people deserve clear answers about what happened, who was involved, and whether any Americans’ personal data was compromised. I am calling for a thorough probe and full accountability.
Social Security must be above partisanship. Trust in our public institutions depends on strict safeguards, transparency, and the absolute separation of government services from political interference. Anything less puts the integrity of Social Security — and the privacy of millions — at risk.
Le escribo a raíz de informes profundamente alarmantes sobre la Administración del Seguro Social y personas afiliadas al llamado equipo “DOGE” de la administración Trump.
Según documentos judiciales revelados recientemente por el Departamento de Justicia, miembros de DOGE pudieron haber accedido o compartido de manera indebida datos sensibles del Seguro Social, incluida información privada que un tribunal federal había declarado explícitamente fuera de su alcance.
Aún más preocupante, los documentos sugieren que estos datos pudieron haber estado vinculados a esfuerzos relacionados con actividades de defensa electoral, lo que plantea serias dudas sobre el uso indebido y la manipulación política de la información personal de los estadounidenses.
Los datos del Seguro Social se encuentran entre la información más sensible que posee el gobierno federal. Existen con un solo propósito: garantizar que las personas mayores, las personas con discapacidades y las familias trabajadoras reciban los beneficios que se han ganado. Cualquier uso indebido de estos datos, especialmente con fines políticos, es inaceptable, peligroso y potencialmente ilegal.
El Departamento de Justicia ha reconocido que las personas involucradas han sido remitidas para posibles violaciones de la Ley Hatch y que los datos pudieron haber sido compartidos utilizando servidores de terceros no autorizados, fuera de las normas de seguridad requeridas. En este momento, los funcionarios ni siquiera pueden confirmar qué información fue accedida ni dónde podría encontrarse ahora. Estos hechos por sí solos deberían alarmar a todos los estadounidenses.
Estas revelaciones exigen una investigación independiente inmediata. El pueblo estadounidense merece respuestas claras sobre lo ocurrido, quiénes estuvieron involucrados y si la información personal de algún ciudadano fue comprometida. Estoy pidiendo una investigación exhaustiva y plena rendición de cuentas.
El Seguro Social debe estar por encima de la política partidista. La confianza en nuestras instituciones públicas depende de salvaguardas estrictas, transparencia y una separación absoluta entre los servicios gubernamentales y la interferencia política. Cualquier cosa menos pone en riesgo la integridad del Seguro Social — y la privacidad de millones de personas.